La extorsión, un problema añadido a la okupación de viviendas
15 Nov.- La okupación, entendida como la usurpación ilegal de una propiedad, bien inmueble, es una situación complicada que plantea desafíos significativos en términos legales y sociales y afecta gravemente a los intereses de los propietarios de las viviendas okupadas, así como a sus derechos y situación jurídica.
Sin embargo, en ciertas ocasiones, las actuaciones de los usurpadores no terminan aquí y los afligidos por estas intromisiones deben soportar todo tipo de amenazas y extorsiones, con las tensiones emocionales y físicas para los propietarios afectados que estas conllevan.
Hace unos días, se informó en las noticias de la Región sobre un suceso acaecido el pasado año en Alcantarilla. En este caso, se destapaba la actividad ilícita llevada a cabo por un residente que, configurándose como líder de un grupo de okupas ilegales, se dedicaba a extorsionar a los propietarios de más de 10 viviendas ocupadas por sus compañeros.
La extorsión en nuestro ordenamiento jurídico se contempla como delito, y se refiere y sanciona a aquel individuo que, con el propósito de obtener beneficio económico (ánimo de lucro), fuerza a otra persona, mediante violencia o intimidación, a llevar a cabo o dejar de realizar un acto o negocio jurídico que perjudique su patrimonio o el de un tercero.
De esta manera, la okupación genera un desafío añadido: la creación de negocios encubiertos. En este contexto, las agrupaciones de okupas, aprovechándose de su posición, llevan a cabo prácticas que involucran el requerimiento de pagos a cambio de liberar las viviendas que han ocupado.
Este fenómeno ha dado lugar a una problemática más amplia, pues las ocupaciones ilegales ya no solo representan un desafío para la propiedad y la seguridad, sino que también se convierten en una actividad delictiva que involucra transacciones monetarias ilegítimas.
Bajo nuestra legislación, la extorsión constituye un delito castigado con penas de privación de libertad; condenas que oscilan entre 1 y 5 años, según lo establecido en el artículo 243 del Código Penal.
En la situación particular de esta localidad Murciana, los delincuentes exigían el pago de 3.000 euros por cada propiedad, suma que ascendía hasta los 45.000 euros por todas las viviendas afectadas.
Sin embargo, aunque la exigibilidad de una cantidad pecuniaria se configure como el principal de los métodos de extorsión, existen otras variantes, si bien todas ellas implican amenazas, intimidaciones o coacciones. Las principales opciones son:
- Las amenazas de daños: a través de las cuales, los okupas amenazan con causar daños a la propiedad si no se cumplen sus demandas, creando así un ambiente de miedo e inseguridad.
- La intimidación personal: los usurpadores en ciertas ocasiones recurren a intimidación física o verbal contra los propietarios o sus familias para forzar el cumplimiento de sus exigencias.Principio del formulario
En el caso de Alcantarilla, finalmente, la investigación fue resuelta, identificando y deteniendo a los infractores, y ordenando el desalojo del edificio, pudiendo los propietarios recuperar sus apartamentos.
También en Palma de Mallorca ocurrió una situación parecida en 2021, cuando otro grupo de okupas requirió el pago de 8000 euros a un desarrollador inmobiliario, para desocupar unas viviendas recién construidas destinadas a entregarse a sus nuevos legítimos propietarios. En este caso, la extorsión se llevó a cabo a través de chantajes persistentes que finalmente fueron llevados ante el Tribunal Supremo. Como resultado, los ocupantes fueron condenados a 9 años de prisión por delitos de extorsión y usurpación.
Sin embargo, no todas estas situaciones tienen finales tan alentadores, por el contrario, la mayoría de ellas suelen tardar años en resolverse, llegando a quedar muchas de ellas en el olvido.
La amenaza constante de violencia, extorsión o daño a la propiedad puede generar un ambiente de miedo y ansiedad, debido a esto nacen empresas como Desokupa Expres, para ofrecer sus servicios a los damnificados, logrando alcanzar soluciones a la problemática de la okupación, y sus problemas añadidos, de manera legal, rápida y segura para aquellos que lo soliciten.
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